El proceso promovido ante el Tribunal Supremo por organizaciones de
ideología fascista contra el juez Baltasar Garzón ha puesto en evidencia
ante la opinión pública la vigencia del pacto de silencio de la
Transición y el modelo español de impunidad. Este proceso,
independientemente de otros fines o intereses entrecruzados que puedan
darse en él, tiene como objetivo para los franquistas y la derecha
institucional mostrar su poder, circunscribir la memoria histórica, como
mucho, a una pura cuestión privada y familiar, y conseguir un castigo
ejemplar para amedrentar a cualquier juez que intente investigar los
crímenes contra la humanidad –y, por tanto, imprescriptibles– cometidos
por el franquismo.
El procedimiento instruido por Garzón puede que adoleciera de un
defecto de forma por cuestión de competencia, pero no podemos considerar
que declararse competente en principio o discrepar del fiscal fuera un
delito, sino una cuestión de interpretación de las leyes a la que todo
juez tiene derecho. Lo cierto es que, centrando la cuestión en el
proceso abierto contra Garzón, nos estamos olvidando de la cuestión
fundamental: las víctimas. El Poder Judicial, tras dictar la no
competencia de Garzón, aún no ha indicado cuáles son los órganos
jurídicos competentes para investigar los crímenes del franquismo, por
lo que a día de hoy las víctimas siguen desamparadas, los franquistas y
sus herederos se aferran a los numerosos órganos de poder que aún
controlan, y el franquismo sociológico sigue formando parte de nuestra
cultura social. Por ello, independientemente del resultado que tenga el
proceso iniciado contra Garzón, la centralidad debemos ponerla en la
consecución de justicia para las víctimas y la lucha contra la
impunidad.
Por otro lado, si realmente queremos fortalecer la democracia, no
podemos desligar, en ningún momento, la lucha por la justicia del
recuerdo y la puesta en valor del proyecto político democrático de la II
República que defendían las víctimas del franquismo. Hay que tener en
cuenta que el fascismo español decidió realizar una operación organizada
y sistemática de exterminio y represión de todos los defensores de la
libertad, la justicia social y la democracia; no es, por tanto, una
cuestión exclusivamente privada y familiar, sino que es algo que afecta
profundamente a las raíces de la deteriorada democracia actual. No se
trata sólo de recuperar restos cadavéricos para entregarlos a las
familias, sino de recuperar los valores de igualdad, fraternidad y
solidaridad que portaban aquellos hombres y mujeres represaliados por el
fascismo español. La recuperación de estos valores, en momentos como
los que vivimos, son tarea fundamental de todos.
La izquierda institucional tampoco saldrá bien parada de esta
historia si no es capaz de enmendar los errores cometidos hasta la
fecha. Tiene que dejar de obrar por impulsos para conseguir objetivos
políticos a corto plazo, entrando en contradicciones difíciles de
superar al no actuar con coherencia. Leyendo los autos del juez Varela
se desprende que a Garzón se le acusa de vulnerar la Ley de Amnistía de
1977 y la Ley de la Memoria de 2007. Son dos leyes aprobadas por el
Parlamento que no respetan la legislación penal internacional, por lo
que, tanto los grupos parlamentarios como el Ejecutivo, tienen la
obligación de manifestar su posición. La Ley de Amnistía de 1977 porque
ha sido calificada por diversos estamentos internacionales –entre ellos,
el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas– como ley de punto
final y la Ley de Memoria de 2007 porque no sólo no ha sido capaz de
satisfacer las demandas de las víctimas, sus familiares y la sociedad,
sino porque además da legalidad a los bandos de guerra de los golpistas
del 18 de julio de 1936 y a todos los actos jurídicos represivos de la
dictadura. Hoy más que nunca se hace necesario y obligatorio que el
Parlamento declare la ilegalidad del golpe de Estado del 18 de julio de
1936 y del régimen fascista surgido del mismo y, por tanto, la nulidad
de todos sus actos jurídicos represivos, para que los sumarios
franquistas sólo sean el acta que un grupo de asesinos levantaba para
dar fe de los crímenes que cometía. Esa es la validez que la democracia
española debería dar a las sentencias de los tribunales de la dictadura.
Estudiando el desarrollo que el movimiento de recuperación de la
memoria histórica democrática ha tenido en los últimos años, nos damos
cuenta de la pluralidad existente en el mismo. Esta diversidad en
objetivos, ámbitos de trabajo, estrategias jurídicas y políticas se
materializaba en la existencia de un sinfín de asociaciones difíciles de
unir, hasta la fecha, en un proyecto común; sin embargo, la situación
que se ha creado con el procesamiento de Garzón ha permitido que todas
estas asociaciones, en un ejercicio de generosidad absoluta heredado de
los viejos luchadores antifascistas, el día 19 de abril, superando todo
tipo de diferencias, decidieran, por encima de todo, establecer un
mínimo denominador común que permitiese forjar la unidad: “Contra la
impunidad del franquismo, verdad, justicia y reparación para las
víctimas del franquismo”.
Esta consigna unitaria debe trasformarse no sólo en un lema, sino en
un objetivo en sí mismo, sirviendo constantemente de instrumento para
una movilización permanente hasta haberlo conseguido. Todos a una, como
dice la canción, hemos dicho “¡basta!” y echado a andar.
24/04/2010
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