El lunes pasado, el presidente Evo Morales contestó de manera firme pero
tranquila a las airadas declaraciones del canciller español, José
Manuel Garcia-Margallo, quien, exhibiendo la misma nostalgia colonial
que en el caso de la nacionalización de Repsol por parte del Gobierno
argentino, lanzó amenazas poco veladas y advirtió que las mismas podrían
involucrar a los socios de la Unión Europea. Sin embargo, en su
respuesta Morales apuntó que si bien entendía la reacción del Gobierno
español, él tenía conocimiento que lo que demanda buena parte de la
ciudadanía en España es precisamente que se implementen medidas
similares a estas, de recuperación de la soberanía económica: “que los
servicios básicos no sean un negocio privado”. Y señaló también que, al
menos en su caso, “le daría miedo defender a una empresa que roba”.
El embajador español en Bolivia no ha querido ir a la zaga de la actitud de su canciller y ha tenido declaraciones poco apropiadas y que corresponden más bien a otros tiempos, en los cuales los embajadores de ciertos países, actuaban como procónsules enviados por la metrópoli. Lamentablemente el embajador no ha ofrecido una explicación convincente de por qué los planes de inversión consistentes de SABSA (Abertis) en los aeropuertos que gestionaban en Bolivia eran, en el mejor de los casos, inexistentes o cómo se entendía la paradoja de que el gerente de SABSA en el país ganase, por ejemplo, en marzo de 2012 12700 euros (casi diez veces más que el mismo presidente Evo) y la empresa adeudase, al mismo tiempo, grandes sumas de dinero a los trabajadores bolivianos. El sostenido crecimiento económico de los últimos años ha provocado un incremento de los flujos de comercio del país con el exterior; esto, más un aumento de la capacidad de consumo interno, ha provocado un aumento de la demanda de los desplazamientos por vía aérea. En gran medida por la falta de inversión de SABSA, los principales aeropuertos del país no han sabido responder de manera adecuada a este fenómeno. Según los trabajadores de la empresa, no se han producido las ampliaciones necesarias ni renovado los equipos para poder desarrollar un trabajo en mejores condiciones. Como en el caso de las empresas que gestionaban el suministro de electricidad, y antes con cementeras, telecomunicaciones o hidrocarburos, el Gobierno boliviano se limita a cumplir lo establecido en la Constitución aprobada por referéndum popular el 25 de enero de 2009. Para los viejos intereses coloniales, que los Estados de la periferia no se deban a nadie más que al mandato de la soberanía popular, que hagan cumplir la ley de forma igual para todos es ya una insubordinación que viven como auténtica agresión.
El embajador español en Bolivia no ha querido ir a la zaga de la actitud de su canciller y ha tenido declaraciones poco apropiadas y que corresponden más bien a otros tiempos, en los cuales los embajadores de ciertos países, actuaban como procónsules enviados por la metrópoli. Lamentablemente el embajador no ha ofrecido una explicación convincente de por qué los planes de inversión consistentes de SABSA (Abertis) en los aeropuertos que gestionaban en Bolivia eran, en el mejor de los casos, inexistentes o cómo se entendía la paradoja de que el gerente de SABSA en el país ganase, por ejemplo, en marzo de 2012 12700 euros (casi diez veces más que el mismo presidente Evo) y la empresa adeudase, al mismo tiempo, grandes sumas de dinero a los trabajadores bolivianos. El sostenido crecimiento económico de los últimos años ha provocado un incremento de los flujos de comercio del país con el exterior; esto, más un aumento de la capacidad de consumo interno, ha provocado un aumento de la demanda de los desplazamientos por vía aérea. En gran medida por la falta de inversión de SABSA, los principales aeropuertos del país no han sabido responder de manera adecuada a este fenómeno. Según los trabajadores de la empresa, no se han producido las ampliaciones necesarias ni renovado los equipos para poder desarrollar un trabajo en mejores condiciones. Como en el caso de las empresas que gestionaban el suministro de electricidad, y antes con cementeras, telecomunicaciones o hidrocarburos, el Gobierno boliviano se limita a cumplir lo establecido en la Constitución aprobada por referéndum popular el 25 de enero de 2009. Para los viejos intereses coloniales, que los Estados de la periferia no se deban a nadie más que al mandato de la soberanía popular, que hagan cumplir la ley de forma igual para todos es ya una insubordinación que viven como auténtica agresión.
